El parlamentario gremialista aseguró que “acá hay un tema simplemente ideológico de un sector de oposición que plantea o considera esto como un derecho que surge para el inmigrante desde el día 1”.
 
Tras la aprobación del artículo 12 del proyecto de ley de migraciones, el diputado de la UDI e integrante de la comisión de Gobierno Interior, Renzo Trisotti, lamentó el hecho ya que a partir de esto, explicó “se deja abierta la entrega de beneficios sociales a cualquier extranjero desde el día uno que ingrese a nuestro país”.
Cuestión, dijo el parlamentario gremialista, que sienta un muy mal precedente ya que “si un migrante llega a Chile por ejemplo en diciembre, ya en marzo está en condiciones de recibir el Bono marzo y luego dejar el país, lo que a todas luces no resulta justo”.
En esa línea, Trisotti argumentó que “hoy Chile cuenta con 333 beneficios sociales, de los cuales sólo 13 de ellos exigen la permanencia definitiva, y con el artículo aprobado por la ex Nueva Mayoría cualquier extranjero podrá recibir esos beneficios sólo acreditando su situación de vulnerabilidad y no de tiempo de permanencia”.
Por esta razón, aclaró el legislador “creemos que debe existir la voluntad de querer permanecer en el país, y acá hay un tema simplemente ideológico de un sector de oposición que plantea o considera esto como un derecho que surge para el inmigrante desde el día 1”.
Y continuó: “Nosotros creemos que dadas las circunstancias y la realidad que tiene nuestro país donde muchos de estos beneficios derechamente ni si quiera pueden ser asegurados a los propios chilenos, por lo que entregárselos a personas que vienen a quedarse por un mes, dos o tres no es acto de responsabilidad”.
“Por ello exigimos que se establezca un periodo de 2 años con el único objetivo de poder asegurar que ese extranjero se va a mantener en el país, como una condición mínima para recibir los beneficios sociales”, acotó.
Finalmente, el diputado Renzo Trisotti, apoyará al Ejecutivo tras informar que evaluará la posibilidad de establecer una reserva de constitucionalidad, un veto presidencial o reponer indicaciones en el Senado en segundo trámite, porque dijo “se está actuando de manera absolutamente irresponsable”.