La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado inicio este lunes 23 de marzo al proceso de formalización de 359 funcionarios públicos que están siendo investigados por no respetar el período de reposo indicado en sus licencias médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República (CGR), la primera audiencia tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala C-103 y comenzó con un grupo de 49 imputados. Este proceso judicial se origina a raíz de un informe emitido por la CGR que reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban en licencia médica. Durante ese lapso, se emitieron un total de 35.585 licencias, siendo un 69% correspondiente a Fonasa y el 31% a diversas isapres. La revisión de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó 59.575 movimientos migratorios en dicho periodo. La investigación abarca a profesionales y establecimientos de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, quienes supuestamente habrían otorgado licencias médicas sin respaldo de atención real, causando perjuicio al Fondo Nacional de Salud. El Ministerio Público tiene previsto acusar a los presuntos responsables por obtención de licencias médicas falsas y fraude en subvenciones, solicitando medidas cautelares durante las seis audiencias programadas. Fuente: ADN Radio Nacional
Un reciente análisis de fallos judiciales revela que los municipios del país enfrentan un creciente nivel de responsabilidad por accidentes ocurridos en espacios públicos. Según datos recopilados por Trifolia, entre 2023 y 2026 las condenas contra municipalidades por este tipo de hechos han aumentado, alcanzando en algunos casos indemnizaciones superiores a los $400 millones. La tendencia, observada en distintos tribunales del país, muestra cómo la jurisprudencia ha ido consolidando un estándar más exigente en torno al concepto de “falta de servicio”. Esto exige a los municipios un deber activo de mantención, supervisión y seguridad en veredas, plazas, parques e infraestructura urbana. El criterio que se ha asentado en la Corte Suprema de Chile establece que las municipalidades deben resguardar la seguridad en los bienes nacionales de uso público dentro de sus comunas, incluso cuando existan contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos estatales. En dichas situaciones, los gobiernos locales siguen siendo responsables de supervisar o advertir sobre posibles riesgos para las personas. Uno de los casos recientes que ejemplifica esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 a una mujer que sufrió un accidente en la vereda de la calle Sargento Aldea. Según los antecedentes, la víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la ausencia de una palmeta, situación originada tras trabajos autorizados por el propio municipio que no contaban con señalización. La Corte concluyó que existió falta de servicio al no garantizar condiciones seguras en un espacio público bajo administración municipal. Para ello, aplicó normas contenidas en la Ley N°18.575 (que regula la responsabilidad del Estado), la Ley N°18.695 (que establece las funciones de las municipalidades) y la Ley N°18.290 (que asigna responsabilidad por daños derivados del mal estado o falta de señalización en vías públicas). Javier Ramírez Vodnizza, abogado de Trifolia, explicó que “lo que muestran estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de servicio en el ámbito municipal”. “Hoy no basta con que exista un contratista o que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”. Frente a esta evolución jurisprudencial, especialistas advierten que los gobiernos locales deberán adaptar sus políticas de gestión y fiscalización de infraestructura. El aumento de condenas judiciales y montos indemnizatorios refuerza la percepción de que la seguridad en espacios públicos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los tribunales, con un impacto directo en la forma en que las municipalidades deberán planificar y ejecutar el mantenimiento urbano en los próximos años. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast se pronunció sobre el trágico asesinato del sargento Javier Figueroa en Puerto Varas. Tras varios días en estado de muerte cerebral, se confirmó su fallecimiento el pasado jueves. En una conferencia de prensa desde La Moneda, el Presidente expresó: “hoy es un día de profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien prestaba servicio en Puerto Varas. Luego de varios días de lucha por su vida, murió en la noche de ayer. Con un gesto a los demás, ya que es donante de órganos”. Además, enfatizó que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Vuelvo a reiterar a Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado está con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen”. Asimismo, abordó las agresiones contra funcionarios de Carabineros, señalando que “atacar a un Carabinero es atacar a Chile entero. Y no solamente causarle la muerte, atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, con deteriorar su imagen”. El mandatario además aseguró que no pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Fuente: CNN Chile País
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado inicio este lunes 23 de marzo al proceso de formalización de 359 funcionarios públicos que están siendo investigados por no respetar el período de reposo indicado en sus licencias médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República (CGR), la primera audiencia tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala C-103 y comenzó con un grupo de 49 imputados. Este proceso judicial se origina a raíz de un informe emitido por la CGR que reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban en licencia médica. Durante ese lapso, se emitieron un total de 35.585 licencias, siendo un 69% correspondiente a Fonasa y el 31% a diversas isapres. La revisión de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó 59.575 movimientos migratorios en dicho periodo. La investigación abarca a profesionales y establecimientos de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, quienes supuestamente habrían otorgado licencias médicas sin respaldo de atención real, causando perjuicio al Fondo Nacional de Salud. El Ministerio Público tiene previsto acusar a los presuntos responsables por obtención de licencias médicas falsas y fraude en subvenciones, solicitando medidas cautelares durante las seis audiencias programadas. Fuente: ADN Radio Nacional
Un reciente análisis de fallos judiciales revela que los municipios del país enfrentan un creciente nivel de responsabilidad por accidentes ocurridos en espacios públicos. Según datos recopilados por Trifolia, entre 2023 y 2026 las condenas contra municipalidades por este tipo de hechos han aumentado, alcanzando en algunos casos indemnizaciones superiores a los $400 millones. La tendencia, observada en distintos tribunales del país, muestra cómo la jurisprudencia ha ido consolidando un estándar más exigente en torno al concepto de “falta de servicio”. Esto exige a los municipios un deber activo de mantención, supervisión y seguridad en veredas, plazas, parques e infraestructura urbana. El criterio que se ha asentado en la Corte Suprema de Chile establece que las municipalidades deben resguardar la seguridad en los bienes nacionales de uso público dentro de sus comunas, incluso cuando existan contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos estatales. En dichas situaciones, los gobiernos locales siguen siendo responsables de supervisar o advertir sobre posibles riesgos para las personas. Uno de los casos recientes que ejemplifica esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 a una mujer que sufrió un accidente en la vereda de la calle Sargento Aldea. Según los antecedentes, la víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la ausencia de una palmeta, situación originada tras trabajos autorizados por el propio municipio que no contaban con señalización. La Corte concluyó que existió falta de servicio al no garantizar condiciones seguras en un espacio público bajo administración municipal. Para ello, aplicó normas contenidas en la Ley N°18.575 (que regula la responsabilidad del Estado), la Ley N°18.695 (que establece las funciones de las municipalidades) y la Ley N°18.290 (que asigna responsabilidad por daños derivados del mal estado o falta de señalización en vías públicas). Javier Ramírez Vodnizza, abogado de Trifolia, explicó que “lo que muestran estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de servicio en el ámbito municipal”. “Hoy no basta con que exista un contratista o que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”. Frente a esta evolución jurisprudencial, especialistas advierten que los gobiernos locales deberán adaptar sus políticas de gestión y fiscalización de infraestructura. El aumento de condenas judiciales y montos indemnizatorios refuerza la percepción de que la seguridad en espacios públicos se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de los tribunales, con un impacto directo en la forma en que las municipalidades deberán planificar y ejecutar el mantenimiento urbano en los próximos años. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast se pronunció sobre el trágico asesinato del sargento Javier Figueroa en Puerto Varas. Tras varios días en estado de muerte cerebral, se confirmó su fallecimiento el pasado jueves. En una conferencia de prensa desde La Moneda, el Presidente expresó: “hoy es un día de profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien prestaba servicio en Puerto Varas. Luego de varios días de lucha por su vida, murió en la noche de ayer. Con un gesto a los demás, ya que es donante de órganos”. Además, enfatizó que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Vuelvo a reiterar a Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado está con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen”. Asimismo, abordó las agresiones contra funcionarios de Carabineros, señalando que “atacar a un Carabinero es atacar a Chile entero. Y no solamente causarle la muerte, atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, con deteriorar su imagen”. El mandatario además aseguró que no pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Fuente: CNN Chile País
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
