Este viernes continuó la audiencia de control detención para el representante legal de la fundación Democracia Viva y ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade, junto al ex seremi de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos involucrados en el traspaso de $426 millones de pesos en tres convenios. 

La jornada anterior ambos imputados fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco. Ante los cuales, la Fiscalía de Antofagasta ha solicitado que se aplique la máxima medida cautelar de prisión preventiva por causal de peligro para la seguridad de la sociedad. 

La defensa de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, solicitó no imponer ninguna medida cautelar a su representado, argumentando que del dinero total involucrado en los traspasos desde el Minvu, solo fueron utilizados un poco más de $131 millones de pesos que fueron debidamente rendidos, mientras que el resto han tratado de ser devueltos por Andrade. 

El abogado defensor, Juan Pablo Roncone, reconoció las relaciones entre los involucrados con la diputada Catalina Pérez. En el caso de Andrade como su ex pareja y de Contreras, como ex jefe de gabinete.

También enfatizó en que Andrade -antes de firmar los convenios- consultó sobre las normas además de los requisitos para las fundaciones, luego se entrevistó con Asentamientos Precarios y ellos aprobaron a la fundación. 

Roncone refutó a la parte querellante que indicó que la fundación no tenía experiencia en construcción, ya que lo exigido en los convenios sería experiencia en construcción socioterritorial, conocimientos que si tendría Democracia Viva.

La defensa cataloga como falsa la teoría del Ministerio Público que señala que Andrade "contrató a amigos para favorecerlos", ya que sostuvieron solo conocía a tres personas contratadas por medio de la fundación y a otras dos que solo vio una vez.

En cuanto a las atenuantes planteadas por la defensa, están que Andrade no posee antecedentes penales, el afán por restituir el dinero reparando el mal causado, además de la cooperación eficaz.

Por su parte, la defensa del ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, sostuvo que los convenios fueron informados previamente a la subsecretaria de la misma cartera, Tatiana Rojas, además de Verónica Serrano, ex jefa del Departamento de Asentamientos Precarios a nivel nacional, quién además es tía del jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. 

A su vez a Yasna Contreras, encargada regional del Programa Campamentos, con lo cual la defensa argumentó que Contreras no tenía capacidad de decisión frente a los convenios.

Sobre las atenuantes, indicaron que el ex seremi no posee antecedentes penales y que vive con sus dos padres adultos mayores, siendo el jefe de hogar. Por lo que consideran que no debería aplicarse ninguna medida cautelar, aunque proponen arraigo nacional y firma quincenal.

En definitiva, el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolvió dejar con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, por no estimar suficientes los antecedentes declarados por sus defensas. 

Finalmente, establecieron seis meses para la investigación del caso. Mientras que la defensa de Daniel Andrade, solicitó que cumpla la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago.

Cabe indicar, que las medidas cautelares establecidas por el Tribunal podrán ser apeladas por las defensas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

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