La Segunda Sala de la Corte Suprema revocó la libertad condicional otorgada a Celestino Córdova Tránsito, el único condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay en enero de 2013, en la comuna de Vilcún, región de La Araucanía.
La decisión de la Corte Suprema, adoptada en fallo dividido, revierte la sentencia emitida el 30 de diciembre de 2023 por la Corte de Apelaciones de Temuco. En su veredicto, el máximo tribunal del país declaró que se rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de Córdova, quien deberá regresar al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Gendarmería en Vilcún, donde cumplía su condena en régimen semiabierto.
La resolución se produjo aproximadamente tres horas después de que los ministros escucharan los argumentos de las partes involucradas en el caso: el Gobierno, representado por un abogado de la delegación presidencial de La Araucanía, y los hijos de las víctimas, representados por el abogado Carlos Tenorio, por un lado; y la defensa de Córdova, por otro.
La libertad condicional de Córdova generó diversas reacciones en el ámbito político y social. Algunos sectores expresaron su respaldo al comunero, considerando su condena injusta y su liberación como un gesto de diálogo y paz con el pueblo mapuche. Sin embargo, otros sectores rechazaron con fuerza el beneficio, calificando a Córdova como un asesino que no merecía estar en libertad, argumentando que su liberación constituía una ofensa a las víctimas y un incentivo a la violencia en la región.
Entre los críticos más vehementes se encuentra Jorge Luchsinger, hijo de las víctimas, quien manifestó su indignación: "Un asesino está saliendo, no habiendo cumplido la condena de 18 años, a celebrar que puede estar en su casa; mientras los familiares, los conocidos de mis padres, están viviendo la impotencia y la impunidad que significa esto".
La actividad permitió entablar un espacio de conversación sobre el positivo efecto que ha significado la restauración de este emblemático sector residencial, gracias al programa impulsado por su junta de vecinos, Collahuasi, Municipalidad de Iquique y empresas ejecutoras.
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Ambas empresas se unen a Copesa para denunciar que Google infringió normas de libre competencia en los mercados de búsquedas y publicidad asociada.
Nuevo cotizador permite comparar 800.000 precios de 4.000 productos en 31 empresas
La medida fue presentada en un acto político transmitido por televisión, como parte de los preparativos para la toma de posesión programada para el 10 de enero.
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Según Latinobarómetro, los chilenos son los menos optimistas sobre su futuro económico y los más preocupados por la delincuencia en comparación con otros países de América Latina.
Los combinados nacionales deberán medirse contra rivales de Colombia, Uruguay y entre chilenos.
Ambos estaban desde el inicio con el exsubsecretario del Interior y dieron un paso al costado, ídem a lo ocurrido previamente con María Inés Horvitz.
El tratado con el país altiplánico busca frenar el ingreso de migrantes irregulares a suelo chileno.
Impulsada por Collahuasi y el apoyo de otras entidades del sector público, más de 30 emprendedores están exhibiendo y comercializando sus productos de variados rubros como textiles, joyerías, chocolatería, infusiones, artesanías, entre otros.
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La actividad permitió entablar un espacio de conversación sobre el positivo efecto que ha significado la restauración de este emblemático sector residencial, gracias al programa impulsado por su junta de vecinos, Collahuasi, Municipalidad de Iquique y empresas ejecutoras.
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El equipo aurinegro aseguró la continuidad de piezas clave, mientras define posibles refuerzos para el próximo año tras quedarse fuera de torneos internacionales.
“A mí no me cabe duda que de las muchas acusaciones que hay solamente algunas son verdaderas”, agregó el parlamentario respecto a las denuncias relacionadas con delitos sexuales.
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Carolina Tohá afirmó que Luis Caputo habló “en el estilo del gobierno venezolano”, además de presentar una nota de protesta.
El elenco nacional mantuvo su posición en el listado planetario de selecciones.
Para el total de los 51 acusados, la pena ascendió a más de 400 años de presidio.
Durante la comisión investigadora, se expuso la determinación de Boric y Tohá sobre la estricta reserva del caso.