La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, conocida como Caso Convenios 2, presentó ayer sus conclusiones principales tras investigar las irregularidades con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta desde junio de 2023. El informe de 100 páginas, aprobado por unanimidad por los parlamentarios, revela que hasta la fecha se han identificado 100 casos de traspasos irregulares a fundaciones, principalmente desde los gobiernos regionales. Inicialmente, se estimaba un monto defraudado cercano a los $14.215 millones, pero un año después, la cifra asciende a $89.740 millones, según el documento. El informe califica esta situación como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad . Asimismo, los parlamentarios recomiendan la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por ocultar su relación con Democracia Viva, donde fue directora de metodología. Además, se acusa a los militantes de Revolución Democrática de aprovecharse del sistema y de ser indolentes con las personas que debían beneficiarse de los fondos para asentamientos precarios. Los legisladores también expresaron su preocupación porque el Gobierno siga manteniendo en funciones a personas vinculadas a Democracia Viva, como el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
Durante la jornada de este miércoles los diputados Camila Musante, Karol Cariola, Joanna Pérez, Marta González y Raúl Soto presentaron un proyecto de ley que establece prisión preventiva a imputados por femicidio y femicidio frustrado. Ante esto, los parlamentarios dieron un punto de prensa para anunciar el ingreso del proyecto, en el que la diputada Musante señaló quejunto a un grupo de diputadas y diputados hemos presentado un proyecto de ley para establecer la prisión preventiva como la medida cautelar cuando existan delitos de femicidio en su calidad de frustrado o incluso en su calidad de tentativa. Además, añadió queel objetivo del proyecto es resguardar la integridad de las víctimas y no que llegue una sentencia condenatoria cuando la víctima ya no está, cuando ya es demasiado tarde. Asimismo, el diputado Soto manifestó queel Estado y la justicia a la hora de proteger a las víctimas de femicidio frustrado está muy al debe. No logramos entender la falta de criterio de la justicia, de que habiendo víctimas mujeres de femicidio frustrado esos delincuentes no sean considerados un peligro para la sociedad y en muchos de los casos quedan libres y vuelven a atacar, quedan con medidas de alejamiento de la víctima y vuelven a atacar. Finalmente, la diputada Joanna Pérez manifestó quela agenda de mujer tiene que ser mucho más amplia que la mirada que puede tener un gobierno de turno, y más allá de haber aprobado un proyecto que elimina la violencia en todo espacio, nosotros creemos que en esto hay que seguir avanzando.
La iniciativa de este proyecto excluye que se instalen cámaras en zonas como baños y áreas de cambio de ropa del personal a cargo del cuidado, pensando en la privacidad tanto de los trabajadores como de los menores. Ante esto, en un audio reproducido por Radio Bío Bío el diputado Urruticoechea señaló quelos casos de abusos e intentos de vulnerar la inocencia de los niños, son hechos reales. No podemos ni debemos cruzarnos de brazos esperando un desenlace monstruoso para una familia completa. Además, añadió quehay casos de violencia y de abuso en los establecimientos de primera infancia. Es imprescindible que esto quede al descubierto y que por ningún motivo aquellas mentes distorsionadas, que debiesen velar por nuestros hijos, se salgan con la suya. Proyecto de Ley Según el documento entregado por el diputado, l as cámaras deben ser de alta definición, con almacenamiento seguro de las grabaciones por un periodo de al menos 60 días y acceso restringido a las mismas. Por último, se solicitó que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sea la entidad responsable de fiscalizar y ordenar la forma en que se haga la supervisión.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, conocida como Caso Convenios 2, presentó ayer sus conclusiones principales tras investigar las irregularidades con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta desde junio de 2023. El informe de 100 páginas, aprobado por unanimidad por los parlamentarios, revela que hasta la fecha se han identificado 100 casos de traspasos irregulares a fundaciones, principalmente desde los gobiernos regionales. Inicialmente, se estimaba un monto defraudado cercano a los $14.215 millones, pero un año después, la cifra asciende a $89.740 millones, según el documento. El informe califica esta situación como una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad . Asimismo, los parlamentarios recomiendan la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por ocultar su relación con Democracia Viva, donde fue directora de metodología. Además, se acusa a los militantes de Revolución Democrática de aprovecharse del sistema y de ser indolentes con las personas que debían beneficiarse de los fondos para asentamientos precarios. Los legisladores también expresaron su preocupación porque el Gobierno siga manteniendo en funciones a personas vinculadas a Democracia Viva, como el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
Durante la jornada de este miércoles los diputados Camila Musante, Karol Cariola, Joanna Pérez, Marta González y Raúl Soto presentaron un proyecto de ley que establece prisión preventiva a imputados por femicidio y femicidio frustrado. Ante esto, los parlamentarios dieron un punto de prensa para anunciar el ingreso del proyecto, en el que la diputada Musante señaló quejunto a un grupo de diputadas y diputados hemos presentado un proyecto de ley para establecer la prisión preventiva como la medida cautelar cuando existan delitos de femicidio en su calidad de frustrado o incluso en su calidad de tentativa. Además, añadió queel objetivo del proyecto es resguardar la integridad de las víctimas y no que llegue una sentencia condenatoria cuando la víctima ya no está, cuando ya es demasiado tarde. Asimismo, el diputado Soto manifestó queel Estado y la justicia a la hora de proteger a las víctimas de femicidio frustrado está muy al debe. No logramos entender la falta de criterio de la justicia, de que habiendo víctimas mujeres de femicidio frustrado esos delincuentes no sean considerados un peligro para la sociedad y en muchos de los casos quedan libres y vuelven a atacar, quedan con medidas de alejamiento de la víctima y vuelven a atacar. Finalmente, la diputada Joanna Pérez manifestó quela agenda de mujer tiene que ser mucho más amplia que la mirada que puede tener un gobierno de turno, y más allá de haber aprobado un proyecto que elimina la violencia en todo espacio, nosotros creemos que en esto hay que seguir avanzando.
La iniciativa de este proyecto excluye que se instalen cámaras en zonas como baños y áreas de cambio de ropa del personal a cargo del cuidado, pensando en la privacidad tanto de los trabajadores como de los menores. Ante esto, en un audio reproducido por Radio Bío Bío el diputado Urruticoechea señaló quelos casos de abusos e intentos de vulnerar la inocencia de los niños, son hechos reales. No podemos ni debemos cruzarnos de brazos esperando un desenlace monstruoso para una familia completa. Además, añadió quehay casos de violencia y de abuso en los establecimientos de primera infancia. Es imprescindible que esto quede al descubierto y que por ningún motivo aquellas mentes distorsionadas, que debiesen velar por nuestros hijos, se salgan con la suya. Proyecto de Ley Según el documento entregado por el diputado, l as cámaras deben ser de alta definición, con almacenamiento seguro de las grabaciones por un periodo de al menos 60 días y acceso restringido a las mismas. Por último, se solicitó que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sea la entidad responsable de fiscalizar y ordenar la forma en que se haga la supervisión.
